Yo sólo quería que amaneciera. Informe de Impactos Psicosociales del Caso Ayotzinapa.

Editorial

Textos de periodistas, académicos, artistas y activistas que trabajan por la defensa los derechos humanos en México.

Ximena Antillón

Investigadora / Acompañamiento psicosocial de víctimas

El 26 y 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, fueron perpetrados una serie de ataques en contra de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, jóvenes integrantes del equipo de fútbol Los Avispones y población civil que se encontraba en el lugar de los hechos o que acudieron para ayudar a los normalistas. Los ataques generaron indignación en la sociedad mexicana, que se movilizó sobre todo en apoyo a los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en los ataques. Estos hechos también tuvieron repercusiones a nivel internacional; se organizaron eventos de solidaridad en diferentes países y organismos internacionales de derechos humanos se pronunciaron por el esclarecimiento de los sucesos, la búsqueda de los normalistas desaparecidos y la sanción a los responsables.

El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la CIDH, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

El GIEI inició su mandato el 2 de marzo de 2015 por un periodo de seis meses, que fue prorrogado por seis meses más. El 30 de abril de 2016 culminó ese periodo. Durante su gestión, el GIEI emitió dos informes sobre el caso Ayotzinapa. El GIEI permitió ampliar y profundizar las líneas de investigación, y el Estado creó la Oficina de Investigación para el caso Ayotzinapa, encargada de continuar la búsqueda de los estudiantes desaparecidos y la investigación de los hechos. En julio de 2016 se firmó un acuerdo para crear un Mecanismo de Seguimiento a las medidas cautelares emitidas por la cidh para el caso Ayotzinapa y de acuerdo a las recomendaciones del GIEI.

En su primer informe (GIEI, 2015), el GIEI determinó un número de 180 víctimas directas de los ataques la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, incluyendo: seis personas ejecutadas extrajudicialmente (un normalista con claras señales de haber sido torturado y otros dos con disparos a quemarropa), dos víctimas mortales de los ataques a los jóvenes miembros del equipo de fútbol Los Avispones, así como una mujer que se transportaba en un taxi; más de 40 personas heridas, algunas de ellas de suma gravedad. Entre los heridos, dos estudiantes normalistas tienen graves secuelas hasta la fecha y uno de ellos se encuentra en estado vegetativo. Ochenta personas que acudieron en auxilio de los estudiantes sufrieron ataques y atentados contra sus vidas, en el caso del autobús de Los Avispones otras 30 personas sufrieron ataques contra sus vidas y sobrevivieron, y 43 normalistas fueron detenidos y desaparecidos forzadamente.

Asimismo, el GIEI señala que entre las víctimas se debe considerar a los familiares de las víctimas directas, que son al menos 700 personas. En el mismo informe, el GIEI documenta parte de los impactos en los familiares y sobrevivientes en el capítulo sobre “La experiencia de los familiares y víctimas” (GIEI, 2015: 249). En su segundo informe, emitido en abril de 2016, el GIEI recomienda la creación de un equipo independiente para realizar un estudio o diagnóstico del impacto psicosocial y en la salud en las víctimas del caso Ayotzinapa: “Como parte del proceso para poder articular un programa de atención a las víctimas que tuviera en cuenta los diferentes procesos y necesidades, así como el momento vital e impactos sufridos por los familiares, y siguiendo tanto la propuesta realizada por el GIEI en los criterios de atención a las víctimas proporcionados al Estado, como la recomendación realizada por la CNDH en su informe de julio de 2015”. (GIEI, 2016: 344)

Además, el GIEI señala que: “Después de la realización del estudio psicosocial se establezca una mesa de trabajo con las víctimas y sus representantes legales, con la CEAV, la SEGOB y la observación de la CNDH, así como que este mecanismo de atención progresiva acordada con las víctimas pueda formar parte de los mecanismos de seguimiento que pueda observar la CIDH en cumplimiento de las medidas cautelares o la evolución que tenga el propio caso”. (GIEI, 2016: 338)

Asimismo, el GIEI considera que las recomendaciones del Informe de Impacto Psicosocial deberán tenerse en cuenta por parte de las autoridades de México, y los criterios proporcionados al Estado constituir los elementos centrales para la atención a las víctimas, como parte del seguimiento que otorgue al caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) propuso que dicho estudio fuera realizado por un equipo independiente, con la confianza de las víctimas y la competencia profesional adecuada. Este criterio es fundamental en el presente caso, considerando que por la naturaleza de los hechos victimizantes —la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y ataques por distintas fuerzas de seguridad del Estado—, se ha roto la confianza de las víctimas en las instituciones del Estado.

En seguimiento a la recomendación del GIEI, se integró un equipo interdisciplinario conformado por cuatro psicólogas, una antropóloga y un médico, con amplia experiencia en acompañamiento psicosocial, análisis, investigación y documentación de los impactos psicosociales que producen graves violaciones de derechos humanos y en elaboración de peritajes con perspectiva multicultural.

También se documentaron los impactos vividos por los estudiantes normalistas que fueron gravemente heridos y sus familiares, para quienes los hechos trastocaron su proyecto de vida y los obligaron a desplazarse de su lugar de origen. Asimismo, se abordaron los procesos de duelo traumático que enfrentan los familiares de los normalistas asesinados, y las profundas afectaciones a los niños y niñas, quienes intentan dar sentido a los hechos ante la falta de respuestas.

El informe muestra los impactos psicosociales que viven hasta la fecha los familiares de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, quienes enfrentan un proceso de “duelo congelado”, pues no saben si sus hijos están vivos o muertos, y profundas consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Revela además la violencia estructural y discriminación que sufren las víctimas que pertenecen a pueblos indígenas.

El estudio da cuenta de la manera en que estos impactos se han profundizado a lo largo de tres años debido a la impunidad, entendida no solamente como la falta de investigación y sanción a los responsables, sino que incluye las actuaciones de las autoridades que han obstaculizado la investigación y manipulado la verdad. En este sentido, el estudio describe, a través de la voz de las víctimas, los impactos revictimizantes de la estigmatización de los normalistas -que en su momento fueron señalados como parte de grupos de la delincuencia-, la difusión de la llamada “verdad histórica” sin sustento científico, y de otros eventos en los que el Estado ha sostenido esta versión de los hechos. Estos eventos en su conjunto configuran una secuencia traumática, que ha generado la ruptura de la confianza de las víctimas hacia el Estado.

El diagnóstico recupera las recomendaciones del GIEI en materia de atención a víctimas y plantea una serie recomendaciones al Estado con el objetivo de reconstruir la confianza de las víctimas, y criterios mínimos que configuren el marco de la atención a las víctimas con respeto a su dignidad. Por esta razón, se plantean, entre otras, las siguientes medidas simbólicas:

El Estado debe reivindicar y dignificar a todas las víctimas que fueron heridas —particularmente los casos de Aldo Gutiérrez Solano y Edgar Andrés Vargas—, privadas de la vida, a los estudiantes normalistas sobrevivientes y a los estudiantes normalistas desaparecidos, por el daño producido con la criminalización y cuestionamientos sobre su presencia en Iguala durante los meses posteriores a los hechos.

El Estado mexicano debe reconocer públicamente, en voz de autoridades de alto nivel, la falta de sustento científico suficiente en la hipótesis oficial que establece como destino final de todos los estudiantes de Ayotzinapa el basurero de Cocula, y remover cualquier aseveración al respecto de los discursos y sitios digitales públicos del Estado mexicano.

Dada la especial condición de los familiares de víctimas de desaparición forzada, la principal medida de atención y reparación es el esclarecimiento de los hechos y el paradero de los estudiantes. La incertidumbre sobre el paradero en casos como este impide avanzar en medidas de reparación —desvirtuando su naturaleza— al tiempo que acentúa la necesidad de asistencia, particularmente las de atención en salud y psicológica.

Generar las condiciones para el avance de la búsqueda y la investigación de la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas, incluyendo garantías para la seguridad de los padres, madres y familiares de los estudiantes desaparecidos y sus representantes.

Finalmente, el estudio documenta los impactos psicosociales del caso en familiares de personas desaparecidas organizadas en otros grupos y colectivos en el país, quienes se identifican con los familiares de los 43 estudiantes normalistas no sólo en el dolor por la ausencia y la incertidumbre, sino en la experiencia de impunidad. Por esta razón se recomiendan medidas que trasciendan el Caso Ayotzinapa, y apuntan hacia una verdadera política de Estado para abordar la desaparición forzada en México, enfocada en acciones de búsqueda e investigación de las personas desaparecidas, así como garantizar los derechos de sus familiares.

Informe disponible en:

ayotzinapa.fundar.org.mx/wp-content/documentos/DocAyotziFINAL.pdf

 

Semblanza:

Ximena Antillón Najlis, Estudió la licenciatura en psicología en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM, México, y se ha especializado en el acompañamiento psicosocial en graves violaciones a los derechos humanos, violencia política y catástrofes. Ha trabajado temas como salud mental comunitaria, desaparición forzada, violencia de género y feminicidio. Ha hecho trabajo de investigación sobre el impacto psicosocial del desplazamiento en comunidades indígenas tzotziles de Chenalhó, Chiapas. Desde 1999 ha trabajado con diversas organizaciones de derechos humanos en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. Ha trabajado en la realización de talleres en salud mental y acciones psicosociales a multiplicadores de comunidades de la Sierra de Chiapas damnificadas por el huracán Stan; también ha impartido talleres de salud mental con formadores y promotores de salud indígenas además de trabajo con un grupo de mujeres ch’oles en la zona norte de Chiapas.

Leave a Reply

Your email address will not be published.