México en tiempos de violencia e impunidad: La antropología jurídica y la antropología forense en apoyo a los derechos humanos

 

 

Editorial

Textos de periodistas, académicos, artistas y activistas que trabajan por la defensa los derechos humanos en México.

Rosalba Aída Hernández Castillo

Investigadora / Defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina

El contexto de violencia e impunidad que se vive actualmente en México está implicando nuevos retos metodológicos y epistemológicos para la antropología social y de manera más específica la antropología jurídica. A nivel metodológico, el trabajo de campo de larga duración en regiones afectadas por la violencia trae consigo múltiples peligros para investigadores y estudiantes. Esto nos obliga a buscar estrategias colectivas de investigación desde equipos interdisciplinarios que trabajen de manera colaborativa con organizaciones de la sociedad civil. En este artículo quisiera compartir algunos de los retos y logros que estamos teniendo en el contexto mexicano para desarrollar una investigación socialmente comprometida en un contexto de múltiples violencias.

 

El 3 de octubre de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Medida Cautelar No. 409/141. En seguimiento a las medidas cautelares, y a petición de los beneficiarios, el Estado mexicano solicitó asistencia técnica internacional en la investigación del paradero de los estudiantes normalistas desaparecidos. En noviembre de 2014 se firmó el acuerdo para la asistencia técnica entre la CIDH, el Estado mexicano y representantes de víctimas. Este acuerdo establece la creación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y su mandato: elaboración de planes de búsqueda en vida de las personas desaparecidas; análisis técnico de las líneas de investigación para determinar responsabilidades penales; y análisis técnico del Plan de Atención Integral a las Víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.

 

El activismo jurídico frente a la injusticia

 

La antropología mexicana se enfrenta a un contexto de graves violaciones a los derechos humanos, en el que en los últimos diez años la llamada “guerra contra el narco” ha dejado un saldo de 100 mil muertos y 30 mil desaparecidos, cientos de fosas clandestinas en todo el país y miles de desplazados internos. Quienes desde la antropología jurídica hemos apostado por el activismo legal a partir de la investigación colaborativa, es decir por uso de la investigación antropológica para la co-producción de conocimientos que pueden ser usados en la defensa legal de los actores sociales con quienes trabajamos, nos enfrentamos contextos de impunidad en donde la justicia del Estado está totalmente desprestigiada, lo cual hace casi imposible pensar en el uso “emancipatorio del derecho.”1

 

A lo largo de los últimos 25 años mi apuesta académica había estado centrada en una antropología jurídica feminista, que partía de metodologías colaborativas vinculadas al activismo legal. A la vez que mantenía una reflexión crítica permanente en torno al derecho y los derechos, fui parte de iniciativas que apoyaban las luchas por la justicia de los pueblos y organizaciones indígenas, apropiándose y re-significando las legislaciones nacionales e internacionales. Desde esta perspectiva crítica participé en la elaboración de peritajes antropológicos que han apoyado la defensa de mujeres indígenas en procesos legales nacionales e internacionales. (Ver mi libro Multiple InJustices: Indigenous Women, Law and Political Struggle, University of Arizona Press, 2016. El peritaje completo del Caso Inés Fernández vs. Estado Mexicano)

 

Pero el “uso emancipatorio” del derecho parece estar llegando a sus límites en contextos en donde el crimen organizado funciona desde las instituciones mismas del Estado. El problema en ciertas regiones de México no es solo la impunidad e ineficacia del sistema de seguridad y justicia, sino el hecho de que la violencia emane de las mismas instituciones que deberían protegernos. El asesinato de seis personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre del 2014, representó un parteaguas en las relaciones entre la sociedad civil y el Estado mexicano. El hecho de que los estudiantes fueran secuestrados por policías municipales y entregados a integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos puso en evidencia lo que era un secreto a voces: que el crimen organizado funciona desde el interior del Estado mismo.2

 

La búsqueda de los 43 estudiantes movilizó no sólo a sus familias y las organizaciones de derechos humanos, sino a todo el país: miles de personas tomaron las calles con la consigna “Fue el Estado”. Ante la hipótesis de que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero, se inició una búsqueda de restos humanos que aunque no posibilitó encontrar los cuerpos de los 43, sí permitió descubrir más de 150 cuerpos enterrados en fosas clandestinas en la zona de la desaparición. Esto desató a nivel nacional un proceso nunca antes visto: los familiares de los desaparecidos a todo lo largo y ancho del país tomaron picos y palas y se dieron a la tarea de buscar a sus hijos e hijas. Sin perder la esperanza de encontrarlos con vida, pero reconociendo la posibilidad real de que estuvieran muertos, se dieron a la tarea de rastrear terrenos baldíos, basureros, las inmediaciones de ríos, a las orillas de los canales de riego. Se formaron colectivos de búsquedas en Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Nuevo León, Chihuahua, y Coahuila, que posteriormente se articularon en la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

 

SEGUIR LA LECTURA en Portal Anual Review of LLILAS Benson Latin American Studies, University of Texas at Austin. 29 de Agosto, 2017.

Read in English

Hernández Castillo, R. Aída. (2017). México en tiempos de violencia e impunidad: La antropología jurídica y la antropología forense en apoyo a los derechos humanos. Portal. Anual Review of LLILAS Benson Latin American Studies. University of Texas: Austin.

  1. Boaventura de Sousa Santos, “¿Puede el derecho ser emancipatorio?” Derecho y emancipación, 63–146 (Quito: Corte Constitucional para el Período de Transición and Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, CEDEC, 2012).
  2. Ver Hernández Castillo and Mora, “Ayotzinapa: ¿Fue el Estado? Reflexiones desde la antropología política in Guerrero”, LASAFORUM 46, no. 1 (2015): 28

 

 

Semblanza:

 

Rosalva Aída Hernández Castillo. Originaria de Ensenada, Baja California, México, es doctora en Antropología por la Universidad de Stanford, actualmente es Profesora Investigadora Titular “C” del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en la ciudad de México.  Integrante del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel 3. Se formó en el oficio de escribir a través del periodismo trabajando desde los 18 años como redactora en una agencia centroamericana de prensa y desde sus años de estudiante ha combinado su trabajo académico con el trabajo de divulgación incursionando en la radio, video y la prensa escrita. Su trabajo de investigación ha estado enfocado en la defensa de los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina. Ha vivido y realizado investigación de campo en comunidades indígenas mexicanas en los estados de Chiapas, Guerrero y Morelos, con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, así como con migrantes norafricanos en España.

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