LA ESPERANZA NO DEBE MORIR NUNCA

“Lo he buscado hasta en el mismo infierno”

Las amenazas,  hostigamientos, deslegitimaciones, agresiones físicas, detenciones, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos son algunas de las situaciones que las personas defensoras de derechos humanos enfrentan en México por el solo hecho de velar por el resguardo de los derechos humanos y la libre expresión.

Desde el inicio de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” en 2006 por parte del Gobierno de Felipe Calderón, en el país se han registrado más de 425.000 homicidios y más de 100.000 desapariciones. Entre 2006 y   2021   más de 385.000 personas se vieron obligadas a desplazarse internamente por la violencia en México.

En mayo de 2022, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michele Bachelet, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias expresaron su profunda preocupación por el hecho de que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas de México hubiera superado las 100.000 personas[1]. Ambos organismos señalaron que muy a menudo las desapariciones no se denuncian, por lo que la magnitud de fenómeno podría ser muy superior. Pocos días antes, a finales de abril, se había publicado el Informe del Comité contra la Desaparición Forzada sobre su visita a México[2], en el que reconocía que aunque el mencionado Registro recopila las desapariciones desde 1964, más del 98% de las mismas se produjo a partir de 2006. Sin embargo, a partir de entonces se puso en práctica una política caracterizada por el despliegue de las fuerzas armadas para cumplir funciones de seguridad pública, que incluso se ha agudizado en los siguientes sexenios. Según el informe, en la segunda mitad del siglo XX las desapariciones eran principalmente mecanismos de represión política cometidas por agentes del gobierno y las fuerzas armadas cuyas víctimas eran mayoritariamente grupos opositores, pero a partir de 2006 las desapariciones reflejan una gran diversidad de perpetradores, modalidades y víctimas. El Comité contra la Desaparición Forzada señala que las desapariciones forzadas continúan siendo cometidas directamente por agentes públicos del ámbito federal, estatal y municipal, pero que la delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones, con diversas formas y grados de connivencia, participación y aquiescencia de funcionarios públicos. El mencionado documento, también señalaba que, según los datos públicos, más de 52.000 personas fallecidas sin identificar yacen actualmente en fosas comunes, instalaciones de los servicios forenses, universidades y centros de resguardo forense. Los estados de Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71,73 % de los cuerpos no identificados.

A estas cifras, se puede vincular las, 385.659 personas se vieron obligadas a desplazarse internamente por la violencia en México entre 2006 y 2021, según la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)[3]. De acuerdo con datos de la CMDPDH, entre 2020 y 2022 se cuadruplicó el número de personas desplazadas por motivos de violencia en México, al pasar de 9.740 a 44.869 casos en 40 episodios de migración forzada interna en 2021 (24 en 2020)[4]. Según la CMDPDH, en 2020 se registraron más de 6.000 desplazados por violencia generada por grupos de la delincuencia organizada y más de 3.000 por otro tipo de violencia y en 2019 casi 7.000 por la violencia generada por cárteles de la droga y poco más de 1.600 por otros tipos de agresiones. El desplazamiento forzado interno a causa de la violencia es un fenómeno recurrente desde hace más de 40 años, pero se agudizó claramente con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico. En 2021, Michoacán fue el estado que registró más episodios de desplazamiento forzado, seguido de Chiapas, Guerrero, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila. Según la CMDPDH, entre 2016 y 2020 los estados más afectados por la violencia fueron Guerrero y Chiapas, con más de 36.000 casos[5].

El Comité contra la Desaparición Forzada identificaron patrones de desapariciones ocurridas en el contexto migratorio donde los perpetradores privan ilegalmente de libertad en lugares desconocidos y roban a las personas migrantes, en numerosas ocasiones con el apoyo o aquiescencia de servidores públicos. Adicionalmente, señalan el abandono de personas migrantes en la frontera sur de México que se ven forzadas a regresar a sus países por sus propios medios y, en ocasiones, abandonadas a su suerte sin recursos. En estas condiciones, muchas han sido víctimas de secuestro, extorsión, violencia sexual, trata de personas y desaparición.

“Tratan de poner un precio a nuestros desaparecidos. Ellos no buscan, simulan que lo hacen”

Aunque las leyes mexicanas establecen que se debe adaptar la información legal a la lengua materna de los ciudadanos de México, las personas de origen indígena continúan sin tener un acceso real a la justicia. Es recurrente que las oficinas de la Fiscalía General del Estado no permita realizar la denuncia por no disponer de las condiciones necesarias para ello. Y mucho menos proceder a una rigurosa investigación. De hecho, el Estado de Chiapas no dispone de ninguna institución que implementen programas efectivo y accesibles de difusión para informar a las comunidades indígenas sobre cómo proceder en casos de desaparición de sus seres queridos y la información existente sólo está disponible en dos de las 12 lenguas que existen en esta entidad[6].

“Nadie nos explica cuáles son los pasos a seguir tras una desaparición”

Mientras tanto en puntos como Chiapas, la población chiapaneca se ha movilizado conformando el Comité de Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax ko´tantik”[7]. Este colectivo, acompañado por la organización Voces Mesoamericanas[8], está integrada por madres, padres, hermanas, hermanos, hijas e hijos de personas migrantes desaparecidas tzeltales, tsotsiles, choles, tojolabales, entre otras. Todas ellas se unieron azotadas por la frustración y el dolor pero, también, impulsadas por la lucha y la memoria. Nos une el mismo dolor y una misma lucha. Alzamos la voz con lágrimas por “no saber dónde están nuestros familiares”, mantenemos viva la memoria de nuestros seres queridos (palabras y vivencias).

“Juntas podemos hacer mucho. Solas y divididas no podemos hacer nada”


[1] https://www.ohchr.org/es/statements/2022/05/mexico-dark-landmark-100000-disappearances-reflects-pattern-impunity-un-experts

[2] https://hchr.org.mx/wp/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-visita-a-MX-del-Comite-contra-la-Desaparicion-Forzada-abril-2022.pdf

[3] https://politica.expansion.mx/mexico/2022/05/02/violencia-desplazamiento-forzado-79-mexicanos-dejan-sus-hogares-al-dia

[4] https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-no-solo-hay-desplazados-por-violencia-ahora-se-multiplican-los-expulsados-por-la-delincuencia-organizada-20220225-0092.html

[5] https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-no-solo-hay-desplazados-por-violencia-ahora-se-multiplican-los-expulsados-por-la-delincuencia-organizada-20220225-0092.html

[6] https://www.animalpolitico.com/2022/08/chiapas-familias-indigenas-desaparecidos-denuncias/

[7] https://junax.org/es

[8][8] https://d.vocesmesoamericanas.org/