En los últimos años, la violencia se ha recrudecido en Chiapas, integrantes de la economía criminal se disputan el control territorial de la frontera con Centroamérica, lo que se ha traducido en una grave crisis de violencia, gobernanza y de derechos humanos.
Como resultado de este contexto de violencia, del 2010 al 2022 documentamos 16.475 personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. Se trata de uno de los fenómenos que la violencia ha agudizado. Desafortunadamente, el Estado mexicano no ha prevenido el desarrollo de esta problemática, no cuenta con mecanismos efectivos para la atención de las víctimas, ni para la generación de condiciones para el retorno. Frente a ello, las personas defensoras y comunidades proponen alternativas para la paz que es importante dar a conocer. Sin embargo, además de poner en riesgo su vida e integridad en un contexto adverso, las personas defensoras de derechos humanos, especialmente quienes pertenecen a pueblos originarios, enfrentan un patrón de persecución judicial en su contra que pone su libertad en riesgo.
Además, el estado de Chiapas es una de las entidades con mayor población indígena del país. Los pueblos originarios han buscado construir y ejercer su derecho a la libre determinación que les permitan desarrollarse de acuerdo a su propia visión del mundo. Desafortunadamente ello pone en riesgo los intereses de personas e instituciones ajenas al territorio, quienes reaccionan de forma violenta frente a iniciativas de organización comunitaria, incluidos ataques desde el Estado mexicano.
Para contrarrestar los altos niveles de impunidad en los delitos, se implantó un patrón de criminalización en el que personas inocentes son acusadas, procesadas y sentenciadas judicialmente, por delitos que no cometieron, donde la tortura es una práctica sistemática y generalizada. Esta situación afecta la vida de las personas injustamente presas y sus familias, pero también tiene un impacto en el tejido comunitario.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas se fundó en 1989 para responder a las necesidades de pueblos, comunidades y organizaciones sociales, y acompañar sus iniciativas de promoción y defensa de derechos humanos. Desde entonces, la organización atiende, documenta y litiga violaciones a los derechos humanos en Chiapas, especialmente en territorio indígena.
En su acompañamiento, el Frayba opta por el fortalecimiento de personas, colectivos y comunidades, que se organizan para promover y defender sus derechos, sabiéndoles protagonistas, personas sujetas de derechos, en la construcción de su propia historia.
El 29 de septiembre, a las 18h, en Barcelona, nos acompañarán Patricia Domínguez y Lázaro Sánchez, representantes del Frayba para ofrecer una mirada actual del contexto de violencia y despojo de los territorios por los que atraviesa Chiapas, que ha generado violaciones graves a los derechos humanos; así como las acciones para la paz que construyen los pueblos y comunidades en Chiapas, buscando la transformación de la situación actual; y la filosofía de la Defensa Social Integral construida por el Frayba a lo largo de años de trabajo y palabra compartida con los pueblos de Chiapas.
Además, presentaremos este informe, junto a Quinoa el 19 de septiembre en Bruselas.
¡Acompáñanos y conóce la realidad de Chiapas!
Lee el informe Frayba 2023.
Para más información:
solidaritat@taulapermexic.org
Solidaridad Internacional