México pasa por una profunda crisis de derechos humanos desde hace va- rias décadas. Sin embargo, es a raíz de la declaración de Guerra contra el narcotrá co que Felipe Calderón Hinojosa proclamó en diciembre de 2006 cuando la situación se ha vuelto exasperante. Más de doscientas mil personas asesinadas, treinta y tres mil personas desaparecidas y miles de personas des- plazadas son indicadores de que la situación se ha agravado.

Entre los factores de vulneración de los derechos humanos se encuentran los sectores ligados al comercio y a la inversión extranjera en el país. Las denun- cias por los efectos de los Tratados de Libre Comercio, las reformas estruc- turales que los posibilitan y las empresas transnacionales que se bene cian, han llamado la atención incluso de las Naciones Unidas y sus relatores espe- ciales que se suman a las denuncias de organizaciones sociales y activistas. Desde 2011, las Naciones Unidas, a través de la promulgación de los “Princi- pios rectores sobre las empresas y los derechos humanos”, reconoce el papel de las empresas como órganos especializados de la sociedad que desempe- ñan funciones especializadas y que deben cumplir todas las leyes aplicables y respetar los derechos humanos; y que los Estados deben respetar, proteger y cumplir los derechos humanos y las libertades fundamentales. A su vez, se- ñala que la responsabilidad de respetar los derechos humanos constituye una norma de conducta mundial aplicable a todas las empresas, dondequiera que operen. Existe con independencia de la capacidad y/o voluntad de los Esta- dos de cumplir sus propias obligaciones de derechos humanos y no reduce esas obligaciones. Se trata de una responsabilidad adicional a la de cumplir las leyes y normas nacionales de protección de los derechos humanos.

Sin embargo, los casos que se describen en este informe dan muestra que el papel de algunas empresas españolas en México ha sido el de vulnerar derechos humanos en complicidad con autoridades de los tres niveles del gobierno mexicano. Empresas energéticas, extractivas, de la construcción o de los servicios como el agua o el turismo, dejan una estela de despojo y de pobreza. Los mecanismos del despojo comienzan con la posibilidad del acceso de las empresas a los recursos y los territorios. Las reformas estructurales y la re- negociación del TCLAN y el TLCUEM son la punta de echa para el des- embarco de las transnacionales. A su vez han sido parte de la herencia de los últimos dos gobiernos. Pero esta herencia no ha traído una mejora a más de la mitad de la población mexicana que vive en la pobreza. En todo caso ha sido una herencia de despojo que tiene en las organizaciones y movimientos sociales la esperanza de la resistencia.

Informe: Empresas españolas y derechos humanos en México 2017_PDF
Elaboración: Equipo de investigación Taula per Mèxic