Viaje de encuentro con personas defensoras de derechos humanos y de incidencia para su protección y seguridad

México vive una profunda crisis de violencia y violaciones graves a los derechos humanos. Las cifras de personas desaparecidas, asesinadas, pobreza, despojo, e impunidad, dan muestra de ello. En México se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. El derecho a la vida, a la libertad, seguridad e integridad personal, el derecho al acceso a la justicia, los derechos colectivos, los derechos de los pueblos originarios, el derecho a la autonomía y a la libre determinación, a la tierra y el territorio, están en riesgo. El derecho a defender derechos humanos, también.

La transformación de esta realidad exige procesos de construcción colectiva que logren encadenar los esfuerzos desde los niveles más cercanos a la organización comunitaria y sus vínculos con el territorio, con las instituciones públicas de los tres niveles de gobierno y los tres poderes de la federación, con la sociedad civil organizada y los esfuerzos de solidaridad internacional. Todo es necesario. En este marco, en la generación de propuestas y alternativas de vida frente a tanta muerte, adquiere especial relevancia el ejercicio del derecho a defender derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información.

Del lunes 22 de noviembre al jueves 2 de diciembre del 2021, una delegación de representantes políticos, académicos, y activistas de la sociedad civil catalana, tuvimos la oportunidad de compartir junto con las organizaciones: Servicios y Asesoría para la Paz A. C. (Serapaz); el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba); así como con el Espacio de Organizaciones para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas (Espacio OSC), y la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TdT), un viaje en solidaridad con la paz y los derechos humanos en México.

Durante nuestra estancia, esta comitiva tuvo la oportunidad de compartir con diferentes representantes de la sociedad civil, personas defensoras de derechos humanos, procesos sociales, organizaciones comprometidas, así como con autoridades de los distintos niveles de gobierno, que accedieron a recibirnos para compartir los avances y retos que enfrenta el país en este marco. A todas y todos, nuestro más profundo agradecimiento por recibirnos, pero sobre todo por sus esfuerzos, trabajo y compromiso.

Entre las integrantes de esta comitiva participaron:

• Sra. Diana Riba i Giner, diputada en el Parlamento Europea;
• Sra. Aurora Madaula i Giménez, diputada en el Parlamento Catalán;
• Sr. Carles McGragh, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del  Consejo de Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña y vicepresidente de la Fundación Abogacía Española;
• Sra. Gemma Aristoy, Regidora de Ciudadanía, Salud y Vía Pública del Ayuntamiento de Sant Cugat, Barcelona, Cataluña;
• Sr. Jordi Urgell, investigador y subdirector de la Escuela de Cultura de Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona;
• Sra. Susana de la Cruz, representante del Colectivo de Familiares de Presxs en Lucha  –tras su estancia en el Programa de Acompañamiento Temporal a Personas Defensoras de Derechos Humanos en Riesgo de la Generalitat de Catalunya–;

Su objetivo es claro: construir una política pública integral de protección que contemple: i) la protección; ii) la prevención; iii) la investigación – sanción; iv) la reparación; y v) las garantías de no repetición; su propuesta de construcción colectiva también es clara: hacerlo juntas, en dialogo, con la participación de los distintos sectores con deber de protección y organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones con las que compartimos, así como las instituciones que amablemente nos recibieron, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la propia Fiscalía para los Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, tienen esa voluntad. A todas y todos les animamos a enfrentar el reto de la construcción colectiva y evidenciamos cómo el estado mexicano tiene la gran oportunidad de desarrollar un precedente, a nivel nacional e internacional, de participación democrática en la creación e implementación de políticas públicas, y un referente para todo el continente para la protección de personas defensoras y periodistas.

Los siguientes dos días viajamos a Michoacán, donde pudimos encontrarnos con los Señores José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, autoridades de la Comunidad de Nahuatzen, presos en el Penal de Uruapan, condenados por el delito de sabotaje. Agradecemos por cierto las facilidades puestas a esta comitiva por parte de las autoridades del penal, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, así como la Secretaria de Gobierno del estado para recibirnos y compartir con nosotras. Gracias al acompañamiento de Serapaz y a los testimonios de los presos y sus familias hemos sido testigos de que su encarcelamiento es claramente la criminalización de dos personas defensoras por contribuir al ejercicio del derecho a la autonomía y autodeterminación de su comunidad. Resaltar que hemos sido testigos también de la voluntad tanto de las autoridades de la prisión para velar por la seguridad y la integridad de los compañeros presos, como de la propia CEDH y el gobierno del estado, para asegurar la liberación de los compañeros a la brevedad posible. Al respecto esta comitiva estará pendiente y atenta al procedimiento y nos mantenemos disponibles para contribuir en lo que nos sea posible.

Los últimos días de nuestra estancia en México pudimos compartirlos en Chiapas, con la presencia una vez más de Serapaz, la Red TdT, el grupo de trabajo No Estamos Todxs, y con la acogida y acompañamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. En este viaje la comitiva catalana acompaña a la defensora indígena Susana de la Cruz en su retorno a México tras ocho meses de estancia en el programa de acompañamiento catalán de protección a personas defensoras de derechos humanos. Esta comitiva pudo reunirse también con autoridades del gobierno del estado y sobre todo, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y procesos de organización comunitaria.

Tuvimos la oportunidad de entrevistarnos con los Señores Abraham y Germán López Montejo, del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha, y con el Sr. Cristóbal Sántiz, portavoz de la Comisión Permanente de los Comuneros y Desplazados de Aldama, presos en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas; así como al Sr. Marcelino Ruíz Gómez, del mismo colectivo, preso en el CERSS No. 10 de Comitán.

Los testimonios de cada uno de ellos evidencian cómo la tortura, los tratos crueles e inhumanos son una constante en los sistemas de seguridad mexicana y el reto que supone la lucha contra la injusta privación de la libertad que sufren aún tras demostrar su inocencia. Al respecto resaltar que incluso el propio Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas se ha manifestado al respecto. Resaltar que esta Comitiva se mantiene al pendiente de sus respectivos procedimientos jurídicos así como de las condiciones de vida en las que sucede su reclusión y la atención por parte de las autoridades correspondientes a sus familiares.

Pudimos desplazarnos también a la comunidad de Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza, para compartir con la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal y su iniciativa de lucha pacífica por la autonomía, y su afán por la construcción del “Lekil Chapanel”, la justicia verdadera, toda vez que el derecho al acceso a la justicia les ha sido negada sistemáticamente.

Tras los testimonios escuchados por esta comitiva nos resulta de vital importancia alzar la voz con las organizaciones sociales con las que nos encontramos y demandar junto con ellas:

1. La atención a las propuestas de mejora y fortalecimiento del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Espacio OSC con base en los acuerdos tras el diálogo “Retos y desafío en la construcción de políticas públicas integrales de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” que tuvieron lugar en Tlatelolco, Ciudad de México, el 17 de octubre del 2019
2. La liberación de los Señores José Antonio Arreola y José Luis Jiménez, presos injustamente en el penal de Uruapan, Michoacán, por ejercer su derecho a defender su derechos, así como el respeto a la autonomía y autodeterminación del pueblo p’urepecha de Nahuatzen;
3. La aplicación de la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, los Principios Rectores de los Rectores del desplazamiento Forzado, en el entender de atención integral de los desplazamientos forzados en miras de búsqueda de solución y no de mantenimiento y administración de la problemática de desplazamiento que según los números documentales desde el Frayba son 14,746 personas víctimas de desplazamiento forzado.
4. Tal y como lo refiere la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y como ha insistido el Centro de Derechos Humanos Frayba, urge el desarme y la desarticulación de los grupos armados que operan en la región de los Altos y Selva de Chiapas; es preciso identificar la conformación, estructura y financiamiento de las personas armadas y así como su relación con el conflicto territorial, identificar el origen de las armas y fuentes de adiestramiento de tales armas.
5. El respeto a la autonomía zapatista por parte del gobierno mexicano en el marco de la Ley de Concordia y Pacificación en el cual se reconoce las causas justas del levantamiento sucedido el 1 de enero de 1994. Y por consecuencia al artículo 1 de la constitución, que en marca el Convenio 169 de OIT, y las Declaraciones sobre los Derechos de los Pueblos Originarios tanto de la ONU como de la OEA.
6. La libertad inmediata de los señores, Abraham y Germán López Montejo y el Sr. Marcelino Ruíz Gómez del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha; del Sr. Cristóbal Sántiz, portavoz de la Comisión Permanente de los Comuneros y Desplazados de Aldama; así como de los señores José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón; todos ellos privados arbitrariamente de su libertad.
7. Generar las condiciones necesarias para que el Padre Marcelo Pérez siga realizando su trabajo pastoral y de defensa de derechos humanos, desarticulando las amenazas de muerte y hostigamiento en su contra.
8. Garantizar la seguridad de la defensora Susana de la Cruz tras su retorno a Chiapas así como de todo el Colectivo de Presxs en Lucha en su ardua labor de defender el derecho a libertad y su ardua labor en contra de la tortura.

Desde la Taula per Méxic nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que constituyeron esta Comitiva Catalana, por su esfuerzo solidario, su compromiso permanente con México y acompañamiento constante hasta que la paz y el ejercicio pleno de los derechos humanos sean una realidad.

Hasta que todas y todos seamos libres.