Artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, oportunidad desde Naciones Unidas para convertir el diagnóstico en búsqueda, verdad y justicia para México.
Pronunciamiento de la Asociación por la Paz y los Derechos Humanos Taula per Mèxic
Barcelona, 20 de octubre de 2026
Hoy, el presidente del Comité contra la Desaparición Forzada de las Naciones Unidas (CED) presenta su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General. Por primera vez desde la entrada en vigor de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, un Estado parte llega a la Asamblea General por la vía del artículo 34. Ese Estado es México.
En su decisión de marzo de 2026 (CED/C/MEX/A.34/D/1), el Comité concluye que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido, y se siguen cometiendo, desapariciones forzadas de manera generalizada y sistemática contra la población civil, y que estas podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El 12 de mayo, el secretario general de la ONU trasladó esta decisión a todos los Estados miembros mediante la nota A/80/737. A partir de hoy, la responsabilidad está en sus manos.
Una crisis que supera la capacidad del Estado y exige respuestas estructurales
Las cifras oficiales del propio Estado mexicano así como de las organizaciones mexicanas documentan una emergencia humanitaria: la magnitud de la crisis de desapariciones en México y de las graves deficiencias institucionales para hacerle frente
- Más de 135.000 personas desaparecidas y no localizadas.
- Más de 80.000 cuerpos y restos humanos sin identificar en instituciones forenses desbordadas.
- Impunidad que en los casos de desaparición supera el 99%.
- Un Banco Nacional de Datos Forenses que, según ha reconocido el propio Gobierno, solo recoge información de 4 de los 32 estados del país.
Al menos 37 familiares de personas desaparecidas que participaban en labores de búsqueda han sido asesinados entre 2010 y septiembre de 2026. El 72% eran mujeres que buscaban con sus propias manos a sus hijas, hijos, parejas y otros familiares sin garantías de protección necesarias.
Desde hace años, en la Taula per Mèxic acompañamos a organizaciones y comunidades en México. En Chiapas, colaboramos con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; en Michoacán y Colima, con familiares de los defensores de derechos humanos Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, así como a personas buscadoras en riesgo, que se han visto obligadas a salir del país para proteger su vida por su labor de búsqueda y su exigencia de verdad y justicia
Conocemos y hemos acompañado de cerca las dificultades y el dolor que enfrentan las familias y también su enorme dignidad y la perseverancia con la que sostienen la búsqueda. Han sido ellas, con las organizaciones que las acompañan, quienes hicieron visible esta crisis ante el mundo, impulsando la denuncia pública y llevándola a espacios nacionales e internacionales.
El artículo 34 no es un ataque: es una oportunidad
La activación del artículo 34 no constituye una sentencia ni un juicio contra ningún gobierno. Es un procedimiento previsto para que la comunidad internacional acompañe a México en lo que el propio Comité pide: cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en búsqueda, identificación forense e investigación, y un mecanismo eficaz de verdad y de protección para las familias buscadoras y para quienes las acompañan.
Lo que hemos impulsado como coalición
La Taula per Mèxic forma parte de una amplia coalición integrada por colectivos de familiares de personas desaparecidas, organizaciones de derechos humanos y personas expertas que, el 30 de agosto de 2026, dirigió una carta a los Estados miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas. En ella proponemos un camino concreto para avanzar en la aplicación del artículo 34:
- Que los Estados miembros promuevan, en la Tercera Comisión, el establecimiento de un procedimiento para aplicar el artículo 34, que hasta hoy no existe.
- Que una comisión o persona experta independiente elabore una propuesta de procedimiento, mediante consultas con el Estado mexicano, los Estados parte, el CED, especialistas y, de manera imprescindible, las familias de las personas desaparecidas.
- Que la Asamblea General examine y adopte esa propuesta, y le asigne los recursos necesarios para su implementación.
Respaldamos las acciones de incidencia que la coalición impulsa estos días en Nueva York y Washington, entre ellas, un evento paralelo con familias de personas desaparecidas, una mesa de diálogo con delegaciones y titulares de mandatos de la ONU, la sesión de hoy en la Tercera Comisión y la rueda de prensa posterior. Más información: https://www.proceso.com.mx/nacional/2026/10/8/activistas-acuden-a-la-onu-para-exponer-la-tragedia-de-las-desapariciones-en-mexico-381509.html
Nuestros llamamientos
A los Estados miembros de la Asamblea General, y en especial a los Estados parte de la Convención: les instamos a asumir el liderazgo en la Tercera Comisión para acordar un procedimiento de aplicación del artículo 34, y a referirse expresamente a la situación de México en sus intervenciones. La respuesta que se construya en este proceso será el precedente para todas las víctimas de desaparición forzada del mundo.
Al Gobierno de España y a la Unión Europea: que, como socios de México y firmes defensores de la Convención, promuevan un diálogo bilateral constructivo con el Gobierno mexicano. Les pedimos también que impulsen, en la Tercera Comisión y en la declaración de la UE, una respuesta internacional basada en la cooperación y no en la confrontación, favoreciendo la asistencia técnica, el apoyo especializado y la participación efectiva de las familias de las personas desaparecidas y de las organizaciones que las acompañan.
Al Gobierno de México: les instamos a reconocer en este procedimiento una oportunidad para fortalecer la respuesta institucional frente a las desapariciones forzada; profundizar el diálogo con las familias y las organizaciones que las acompañan; y participar activamente en la construcción de un acuerdo internacional para la búsqueda, la identificación, la verdad y la justicia.
A la Generalitat de Catalunya, al Parlament y a los ayuntamientos catalanes: que, desde su compromiso con los derechos humanos y la cooperación, trasladen su apoyo a este proceso a las instancias estatales y europeas para promover una respuesta internacional efectiva.
La eficacia de este procedimiento deberá valorarse con base en sus resultados concretos: personas encontradas, identidades restituidas, responsables investigados y familias que puedan acceder a la verdad y la justicia. Por eso, quienes hicieron visible la crisis deben participar de manera efectiva en el diseño, el seguimiento y la evaluación de las medidas que se adopten.
¡Hasta encontrarles!
Taula per Mèxic